Pedro Martín niega opacidad en la investigación del 'caso NAP' y avala la denuncia de la consejera delegada

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín (PSOE), ha negado este jueves que haya opacidad hacia los miembros del consejo de administración del Instituto Tecnológico de Energías Renovables (ITER) con la investigación judicial del 'caso NAP' y defendido la labor de la consejera delegada, Elena Rodríguez, que puso en conocimiento de la Fiscalía las presuntas irregularidades.
Pedro Martín niega opacidad en la investigación del 'caso NAP' y avala la denuncia de la consejera delegada
Pedro Martín niega opacidad en la investigación del 'caso NAP' y avala la denuncia de la consejera delegada
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Pedro Martín niega opacidad en la investigación del 'caso NAP' y avala la denuncia de la consejera delegada

"Ha hecho un magnífico trabajo, y no solo trabaja en el ITER, también ha ayudado a poner al día las empresas del Cabildo, es una especialista en derecho mercantil que está aportando mucho y está haciendo más eficaces y más rentables las empresas", ha destacado en una comparecencia ante el Pleno del Cabildo solicitada por Sí Podemos.

Martín ha precisado que el caso está 'sub iudice' y en la corporación están "a la espera" de los siguientes pasos que les marquen desde la Fiscalía y el juzgado de Granadilla, que ha abierto la causa con 14 personas investigadas, entre ellas dos expresidentes del Cabildo, Ricardo Melchior y Carlos Alonso, ambos de CC, y un exvicepresidente, Aurelio Abreu (PSOE).

De fondo, más de 12 millones de euros en pérdidas y los presuntos delitos de malversación y prevaricación al tener que asumir el ITER, con recursos propios, la falta de viabilidad del NAP.

Martín ha dicho que desde el Cabildo "no han salido filtraciones" a los medios de comunicación y ha aclarado que se tardó en entregar la documentación a Sí Podemos porque no se había identificado a su abogada. "Mandar un correo o una llamada no es suficiente, esta es una documentación con la que hay que tener sigilo", ha afirmado.

Martín, que ha compartido la necesidad de contratar a un gerente para el ITER, también ha mantenido la confianza en Eduardo Ballesteros, el otro consejero delegado y que ya trabajaba en el pasado mandato.

Ha señalado también que no hace "descalificaciones" ni declaraciones en medios de comunicación sobre políticos investigados y ante la acusación de Manuel Fernández, portavoz del PP, de que está investigado en el 'caso Febles Campos', ha negado los hechos.

MARTÍN DICE QUE NO ESTÁ IMPUTADO POR EL 'CASO FEBLES CAMPOS'

"No hay caso, no hay nadie imputado, no se ha abierto la instrucción, me está acusando de algo que a día de hoy no existe, a lo mejor le apetece, pero no se deje llevar por comentarios interesados, no hay causa abierta ni imputación a nadie", ha indicado -si bien sí que se ha admitido a trámite una querella criminal del comité de empresa del IASS por presuntos delitos de prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas y tráfico de influencias, y defraudación de caudales públicos-.

Martín ha dicho que es "respetuoso" con el litigio judicial del 'caso NAP' y aunque cree que habrá que justificar por qué se "descapitalizó", ha reconocido que la iniciativa del cable submarino fue positiva y de hecho, el actual equipo de Gobierno le ha dado "continuidad" con un convenio con Vodafone.

María José Belda, de Sí Podemos, ha lamentado la tardanza en la que les han remitido la documentación del 'caso NAP' a la abogada de su grupo, criticando que la consejera delegada del ITER no respondía a sus requerimientos.

Ha dicho que este caso "es una extensión" del 'caso Geneto' y no entiende las dificultades para obtener la documentación, y ha apuntado que "casualmente", cuando explota judicialmente el caso y se debate el futuro del puerto de Fonsalía, se pone sobre la mesa la revitalización del puerto de Granadilla.

Belda ha criticado que haya dos juristas dirigiendo el ITER y no haya una gerencia y sostiene que el 'caso NAP' refleja como se gestiona de forma "opaca" una empresa pública que parece "el cortijo" de algunas personas.

Ha comentado que su grupo quiere personarse en la causa judicial como acusación popular porque desean "llegar hasta el final" dado que "se compró un barranco al CD Tenerife y la deuda la tuvo que asumir el Cabildo".

Además, en una tensa conversación final, ha acusado al consejero de Transición Ecológica, Javier Rodríguez (PSOE), de 'clavarle la mirada' "con odio". "Me molesta que me miren de esa manera", ha agregado.

Manuel Fernández, portavoz del Grupo Popular, ha comentado que será la administración judicial la que determine "si hay delito", si bien ha precisado que la denuncia la ha impulsado una consejera delegada "puesta a dedo por el PSOE en el ITER".

"La objetividad la pongo en duda", ha señalado, al tiempo que ha criticado la "falta de seriedad" del grupo de gobierno porque las actuaciones se hacen públicas en la sede de Cs y no en el Cabildo o en el consejo de administración. "Ahí se ve otra cosa", ha apuntado.

EL PP, PREOCUPADO POR LA "ESTABILIDAD" DEL GRUPO DE GOBIERNO

No obstante, ha defendido la presunción de inocencia para todos los investigados, como va a ocurrir en el 'caso Febles Campos', donde hay investigados del Grupo Socialista tras la toma en consideración de una querella criminal. "¿Qué va a hacer Cs?, me preocupa la estabilidad del equipo de gobierno", ha destacado.

Fernández ha dicho que Martín está "perdido políticamente" y recordado que la investigación de la Fiscalía también afecta a cargos del PSOE en anteriores mandatos.

Carlos Alonso, portavoz del Grupo Nacionalista e investigado en la causa, ha comentado que el proyecto Álix "es uno de los más transformadores de la economía de la isla", señalando que está "muy orgulloso" de participar en su despliegue, más allá de la causa judicial abierta, porque ha permitido el desarrollo tecnológico de la isla y ha atraído fuertes inversiones de empresas privadas.

Ha comentado que el 'data center' ha supuesto un coste de inversión de unos 15 millones y en los primeros nueve años, los ingresos superan los 29 millones -más de 3 millones anuales-, con coste operativos anuales de unos 300.000 euros, sin contar con la energía porque hay una estructura de autoconsumo.

"El proyecto ha generado tantos ingresos que los préstamos bancarios han sido cancelados anticipadamente y no tiene deudas", ha señalado.

Alonso ha precisado también que en nueve años, el proyecto ha tenido un beneficio de explotación de 30 millones de euros, con una rentabilidad superior al 20%, y un potencial de venta de entre 40 y 60 años. "Esto es crear valor", ha comentado.

Ha indicado que "un NAP no se pide a Amazon y lo traen", hay que construirlo, y había dificultades para obtener financiación en 2008 y después de amplió con el cable submarino.

Ha precisado que 'Napwaci' fue una filial del ITER y todas las decisiones, entre ellas su trasladado al ITER, estuvieron avaladas por los consejos de administrativos, como el contrato de arrendamiento de la instalación.

En 2011, ha comentado, se hizo un plan de reestructuración y el NAP quedó absorbido por el ITER, decisión avalada en un pleno del Cabildo.

LAS FORMAS DEL NAP NO FUERON ADECUADAS, SEGÚN ARRIAGA (CS)

Enrique Arriaga, vicepresidente del Cabildo y portavoz de Cs, ha mostrado su "máximo respeto" a la investigación judicial y acusado al Grupo Popular de "falsedades" dado que la denuncia no se hizo pública en la sede de su partido.

Ha comentado que al comienzo del mandato encontraron "hechos irregulares" y los pusieron a disposición judicial y de la Intervención, y aunque el proyecto 'Alix' es "interesante" para la isla, "las formas parece ser no fueron las más adecuadas".

Además, ha dicho que no se acostumbra a que dirigentes políticos "mientan y no se pongan colorados" -en referencia a Belda y Fernández- dado que la información de la denuncia se presentó en un consejo de administración, subrayando también que es "rotundamente falso" que esté investigado por el 'caso Febles Campos'.

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